Para parar las importaciones...URGE LA REESTRUCTURACION DE LA AUPSA

Para parar las importaciones...URGE LA REESTRUCTURACION DE LA AUPSA

por Blanca E. Gómez / blancaedithgomez@gmail.com

Desde que entró en vigente, el Decreto Ley 11 del 22 de febrero de 2006, meidnate el cual se creó la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), publicada en la Gaceta Oficial 25,493, las importaciones de productos se dispararon.
Este decreto ley fue un golpe bajo que le dio el gobierno de Martín Torrijos con la complicidad de su ex ministro Guillermo Salazar, como la “solución” al revuelo que se levantó en el país, por la exigencia de la firma de una carta de entendimiento dentro de la negociación del TPC, que generó la renuncia del ex Ministro Laurentino Cortizo.
Dicha carta de entendimiento le abría las puertas sin restricciones a los productos gringos, sin darle reciprocidad a los nuestros. Era una entrega total, igual a los tiempos antes de la recuperación del Canal.
La AUPSA vino a ser el bálsamo que le puso el gobierno panameño de Torrijos, para satisfacer la demanda del gobierno norteamericano a fin de  complacer los intereses mezquinos de un sector importador en particular.
Esta herida fue un duro golpe al sector agropecuario, pues eliminó de un solo tajo las licencias de importación, que estamos de acuerdo, era necesario y urgente que se normaran, pero no de la manera en que lo hicieron... al amparo de las sombras dentro de una negociación con los gringos.
Ocho años han transcurrido desde su creación, por lo que hay que hacer un alto ya para que se revisen de manera inmediata algunos puntos de esa autoridad:
Por ejemplo, el artículo 53 de dicha autoridad estipula claramente que ahora no necesitarán los importadores de una licencia, permiso o autorización previa para importar cualquier producto de consumo humano. Este portillo, abrió una zanja tan grande como la del Canal de Panamá, permitiendo la entrada de productos alimenticios no sólo de los Estados Unidos sin licencias, sino de todas partes del mundo.
Pero ésto no es todo. El artículo 56, irresponsablemente pone la carreta delante de los bueyes, pues el mismo señala que el control de los productos de consumo humano importados -se realizará- después de que ya se están comercializando en el mercado nacional.
Esto es grave, es una responsabilidad del Estado velar porque los alimentos que ingresen al país cumplan con todas las medidas sanitarias para su consumo, previo revisión o testado de los mismos, para poder ir a la venta libre. Y ese testado debe hacer en los puertos de entrada.
Preguntamos, dónde quedaron los principios soberanos que están claramente contemplados y avalados por la OMC ?
Veamos ahora al director de la autoridad, el cual en vez de ser escogido por su preparación académica y experiencia técnico-científica, y con una probada trayectoria profesional y probada honestidad, resulta que puede ser cualquier recién graduado, después que tenga 25 años y un título de carrera afin con la autoridad.
A lo largo de éstos 8 años, también hemos visto con preocupación algunas funciones que deben ser reguladas por transparencia.
Por ejemplo, nos gustaría saber qué hacen con los productos decomisados? Nos gustaría saber si son destruidos como indica la ley, en cuyo caso quisiéramos saber donde están las actas de los mismos; o bien si son entregados en donación al despacho de la Primera Dama, o a asociaciones de caracter cívico?  También, nos gustaría saber si existen registros de dónde realizan la incineración de los mismos?
A este país entran productos sensitivos los 12 meses del año, sin ningún control, siempre que el importador pague su arancel.
Estamos de acuerdo, ya el arancel no es una protección, pues los han ido bajando de manera antojadisa vulnerando a cada paso al agro nacional,sin darle el tiempo necesario para ir adecuándose a éstos cambios.
Las cadenas agroalimentarias, que en la pasada administración fueron “disque” creadas por decreto de gabinete, no son más que una fachada ficticia de la que se ríen los importadores.
Y es así, porque ellas no tienen fuerza de ley.
Así que eso de venir a decir que “VAMOS A PARAR LAS IMPORTACIONES”, aunque suena como una hermosa melodía, no son más que palabras que se las lleva el viento, sino se hacen los cambios necesarios.
Y decimos cambios necesarios, porque aquí es donde entra la necesidad de reestructurar la AUPSA y unir a ella las cadenas  agroalimentarias, para que así si puedan sus decisiones ser vinculantes, o tener fuerza de ley.  De esta manera se pueden regular los productos sensitivos, para dejar de lado la mezquindad con la que se han portado con este sector, donde en los últimos 8 años, han privilegiado el producto importado por encima del nacional.
Aquí hay que tomar conciencia de que todos deben ganar, y de que el juega vivo, que sigue dándose, tiene que acabar.
El artículo 46 nos dice que se debe preservar la independencia de criterio y el principio de equidad para evitar conflictos de intereses, pero cómo se puede cumplir con este artículo si los funcionarios que mandan a realizar las inspecciones de las plantas para importar productos a este país, son juez y parte?
Cuando los mandan a esas misiones de inspección, la empresa importadora corre con todos los gastos de los inspectores que envían a realizar la inspección. Desde el transporte de su casa al aeropuerto, boleto aéreo, traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, boleto aéreo, hotel y alimentación, fondos que por instrucciones de la misma AUPSA, le son depositados a la cuenta personal del funcionario, incurriendo en una falta grave.
Además es importante que la AUPSA diga cuál es el el sustento legal bajo el que se ampara para realizar este cobro?
Es la institución la que debe cobrar por este servicio y cubrir los viáticos a sus funcionarios, evitando esta situación que a todas luces se aleja de la transparencia y del marco legal con que debe manejarse.
Esto convierte en juez y parte a los funcionarios, pues de salida no hay un control real de cuánto es lo que le depositan a la cuenta personal del funcionario (si es internacional le incluyen el cobro de los 30 a 35 dólares que cuesta una transferencia internacional), y le abre un portillo de acceso a una relación entre el funcionario y la empresa (lo que no debe darse), quienes al entrar en relación puede terminar por favorecer en agradecimiento por X o Y motivo.
Frente a ésto sería bueno que la AUPSA presentara un informe público sobre cuántas plantas ha rechazo en lo que va de esta gestión y de la anterior.  Creo que nos sorprenderíamos !
Otro ejemplo, si la solicitud viene de un país, se da la misma situación de pago directo de los gastos al inspector.  Esto no ocurre con la Unión Europea, quienes a través del Acuerdo que se consignó a través de la negociación con Centroamérica y Panamá, se exoneraron de ese pago, y es Panamá la que debe asumirlo para inspección sus plantas que deseen exportar a nuestro país... esa sí fue una buena negociación pero para ellos, los europeos !
Otro punto que hay que revisar es que la AUPSA no incluye los análisis de riesgo de esas plantas ni de los países o regiones, lo que contraviene y pone en riesgo sanitario nuestro patrimonio y salud pública, pues fragmentó el sistema sanitario y fitosanitario.
También, hay que revisar el personal de las direcciones técnicas nacionales, que son designadas por el Administrador, quien a su vez es designado por el Presidente, y que no necesariamente es una persona escogida por su competencia técnica sino por su afinidad política, restándole profesionalismo.
Esto vulnera desde todo punto de vista el llamado sesgo técnico-científico, pues ni técnico ni tan científico puede ser un concurso donde el Administrador es el que escoge, al comprometer la idoneidad técnica de los subalternos, que por cierto deben nombrados por 5 años, y los actuales han sobrepasado ese término. Cuándo se llamó a ese concurso para que otros profesionales tuvieran esa opción?
Y finalmente, hay que revisar los artículos 57, 58 y 59, donde se establece un término inflexible al funcionario, quien al no dar una respuesta dentro del tiempo estipulado de 30 días, puede ser sujeto de sanciones que inclyen la destitución, e incluso ser procesado civilmente por daños y perjuicios causados contra el importador, al no darle una respuesta en el mencionado tiempo.
En conclusión, este decreto ley de la AUPSA fue un traje hecho a la medida de los importadores, pero para complacer especialmente a los gringos.  Sin embargo, con el paso de los años, hemos sido testigos una y otra vez de las acciones que ha tomado APHIS-USDA y la FDA, precisamente para preservar la sanidad e inocuidad de los alimentos que ellos importan, lo que se contradice con lo que aquí hacen...luz para la calle y oscuridad para la casa !
Señor Ministro, si quiere realmente, no parar, porque eso es absurdo con tratados ya negociados, sino poner parámetros a esas importaciones, es urgente que se ordene la reestructuración de la AUPSA y se amarre con las cadenas agroalimentarias para productos sensitivos, a fin de darle fuerza de ley a sus decisiones. De otra manera, sería seguir arando en el desierto./ ECOS DEL AGRO. EDICION JULIO 2014. PAG. 12